La nueva norma, cuyo objetivo final es proteger al consumidor de las malas prácticas bancarias que se han venido dando durante los últimos años en el ámbito de los préstamos y los créditos concedidos para la adquisición de una vivienda, tienen las siguientes novedades:

1. Se distribuyen los gastos entre el cliente y la entidad bancaria de una forma más equitativa, siendo el banco el que pagará los gastos de notaría y los gastos del registro y de la gestoría, además de los impuestos de los Actos Jurídicos Documentados. Por su parte el cliente pagará la tasación y las copias de la escritura que se soliciten.

2. Se prohíbe la cláusula suelo, esto es, en el caso de préstamos a un interés variable, la banca no podrá fijar un límite si el indicador de referencia (que suele ser el Euríbor a un año) baja.

3. Se intensifica en la información que se le da al cliente. El banco deberá entregar con una antelación mínima de 10 días naturales toda la información al cliente sobre las condiciones de financiación.

4. Se refuerza la figura del notario. Éste, será elegido por el cliente y una de las primeras cosas que tendrá que comprobar es que se le ha entregado toda la documentación oportuna, explicándole de forma gratuita y de manera individualizada toda la información, realizándole un test de comprensión y plasmando todo esto en un acta notarial.

5. Se suavizan las condiciones para los desahucios, es decir, el banco no podrá ejecutar la hipoteca hasta que el cliente no haya acumulado 12 meses de impagos o el 3% del préstamo en la primera mitad del contrato. Para la segunda mitad del préstamo, el plazo será de 15 meses o el 7% de la hipoteca.